Asamblea de ciudadanos de la parroquia San Juan, Caracas, que se reune semanalmente en el teatro Cantaclaro a las 5:00 PM, los jueves (a una cuadra del metro Capuchinos), para discutir el tema inquilinario. Telf 0426 0623565 (llamadas después de las 2:00 PM, mensajes a toda hora).
El día miércoles 26 del mes corriente,
agosto, de 5:25 a 7:10, en el Teatro Cantaclaro, tuvo lugar la tercera reunión
de inquilinos en la parroquia San Juan convocada por organizaciones sociales de
la comunidad (UBCh, Consejo comunal) y el Movimiento de Inquilinos, organizaciones
sociales de las que son voceros Oscar J. Camero y Yelisse Parada, organizadores
del evento.La reunión, que debe empezar
a las 5:00, empezó tarde por problemas con unas impresiones.
El miércoles en la mañana se convocó mediante mensajes de
textos a quienes ya desde la primera reunión han quedado registrado como
asistentes, teniendo en cuenta que probablemente aún no se ha extendido la
convocatoria a sectores de San Juan más allá del plano central entre la Av.
Baralt y San Martín, quedando pendiente extenderla para Artigas, San Martin,
Guarataro, etc.A la reunión acudieron
unas 46 personas, aproximadamente.
Mediante mensaje de texto, se
invitó a la Policía Nacional Bolivariana que asistió representada por el Jefe
de Cuadrante San Juan, Jorge Castro y a la Superintendencia Nacional de
Vivienda (SUNAVI), que no asistió.
La reunión estuvo a cargo de los Sres.
Oscar J. Camero y Yelisse Parada.Tuvo
una duración de hora y media, aproximadamente, incluido el tiempo dedicado al análisis
de coyuntura y el derecho de palabra.
Agenda
(1) Apertura, bienvenidas, recordatorio
de unidad y misión del equipo.
(2) Lectura de acta de asamblea
anterior.
(3) Análisis político coyuntural.
(4) Información en general, prensa
eventos.
(5) Explicación de caso:pensión “Raga”.
(6) Explicación de caso:Sra. L. Moreno, amenazada con desalojo.
(7) Diligencias por realizar:Levantamiento de información:¿cuántos somos?, ¿dónde estamos?, ¿en qué
condición?
(8) Explicación de la decisión
1.171 del 17 de agosto de 2015 en papel bond e información sobre las mesas de
trabajo.
(9) Derechos de palabra
(10) Atención de casos
particulares
Desarrollo
Se inicia la
reunión a las 5:25.
(1) Se hace
apertura.
(2) se lee acta
de la reunión anterior.
(3) se realiza
el análisis coyuntural, tema “Los problemas en la frontera y el desarrollo de
conciencia patria”, a cargo del profesor Astery Painvain, Jefe de Patrulla
Formación Ideológica de la UBCh Conquistadores de Igualdad.
(4) en “Información
en general”: lectura de artículo de prensa “Ocuparán 29 inmuebles del municipio
Libertador”, El Universal, 14 de agosto de 2015; lectura del artículo “Sacudón
inmobiliario”, Quinto día, edición 968, 21 de agosto de 2015, ambos artículos
enunciando los espacios tomados por la Gran Misión Vivienda Venezuela tanto en
Caracas como en el interior del país, de modo temporal o urgente; se informa
sobre la rueda de prensa dada por el Movimiento de Inquilinos el día viernes 21
de agosto de 2015 con respecto a la decisión 1.171 de la Sala Constitución del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ; información sobre la mesa de trabajo del
día sábado 22 de agosto de 2015, ordenada por el TSJ y que el Movimiento de
Inquilinos acató lo más rápido posible.
(5) Explicación
de caso:Pensión “Raga”:inquilinos del lugar se agrupan para afrontar
problemas de convivencia, de infraestructura y de incumplimiento legal por
parte de arrendador.
(6) Explicación
de caso:la Sra. Moreno, amenazada con
desalojo en la pensión donde habita.Se
incorpora a la autoridad presente, Policía Nacional Bolivariana, para que la
asista en la entrega de una citación al arrendador, de modo tal que asista al
día siguiente a la sede policial en la plaza O’Leary a las 10:00 AM.
(7) Diligencias
por realizar:se enuncia una futura
tarea para pensarla sobre determinar número de inquilinos en la parroquia,
lugar de habitación y condición.
(8) Se explica,
nuevamente, esta vez en papel bond, la sentencia 1.171 de la Sala
Constitucional del TSJ, graficada en la siguiente imagen:
(9) Se abre el
derecho de palabra y se registran 6 intervenciones:Sres. Gerardo Falcón, Iván Ramírez, Germán Villasana,
Lourdes Salazar, Lilián Vargas y Jackson Alvarado.El Sr. Falcón toca el punto de las
Residencias El Carmen, narra su experiencia en diligencias ante la
Superintendencia Nacional de Vivienda (SUNAVI) y ofrece un documento sobre
edificaciones cuyos propietarios rebasan los 20 años de arrendamiento; el Sr.
Ramírez felicita la unidad y pide fortalece a grupos como los de la asamblea
presente para solventar problemas en la materia inquilinaria; el Sr. Villasana
de la fortaleza de equipos de defensa inquilinaria y toca el tema del humanismo
en materia política y de servicio al pueblo; la Sra. Salazar ofrece su
colaboración en cuanto a reproducir propaganda y ofrece información sobre
trámites que se tengan que realizar ante la Alcaldía de Caracas; la Sra. Vargas
desarrolla el punto de las edificaciones de vieja data, preguntando quién pone
los precios del alquiler y cómo hacer para hacer valer el reclamo de la oferta;
el Sr. Alvarado llama a la unión en este dispositivo nuevo de trabajo y de
unidad que es la asamblea de inquilinos.
(10) En
casos particulares se toma nota sobre la Pensión 23-5, en Horno Negro, de 21
inquilinos, presentada por la Sra. Ana Isabel Vera.
Merece
destacar que en pliegos de papel bond, en grande, se van escribiendo los casos
asumidos por la asamblea, así la indicación en papel bond también de la
dirección electrónica, web, redes sociales propias de la asamblea.
Inquilinos
del Edificio Plaza ofrecen una colaboración de Basf 200, aunque para entonces
no estaba pautada ninguna recabación de recursos.
Se
distribuye una propaganda para pegar en los edificios invitando a las reuniones
de la asamblea los días martes.
Se cierra
la asamblea con la colecta de firmas de los presentes, las cuales constan en
documentación original.
Un capítulo más de abusos, de arbitrariedad propietaria respecto de un inmueble arrendado: tomar la justicia por mano propia, burlarse de las leyes venezolanas (peor si el burlador es extranjero, específicamente colombiano), creerse vivir en la jungla. Este es un caso de la jungla, sí, de la jungla de concreto donde un multiarrendador quiere hacer de las suyas, despreciando profundamente el estatus venezolano. Note que, de paso, el arrendador se da el lujo de rechazar a sus inquilinos por su distinción política. Hay discriminación racial, política, de género, etc.; el caso presente es particular: un extranjero viene al país a discriminarnos.¿Cómo la ve?
La reflexión:hay leyes que regulan la situación de un arrendatario (inquilino) y procede ponerse a derecho en tal sentido.Esto es:para desalojar se debe abrir un procedimiento administrativo en la institución rectora (SUNAVI) y el presunto desalojado previamente debe ser amparado por un refugio temporal o solución permanente en cuanto a la dotación de una vivienda digna.
El día miércoles 19 del mes
corriente, agosto, de 5:15 a 7:10, en el Teatro Cantaclaro, tuvo lugar la segunda
reunión de inquilinos en la parroquia San Juan convocada por organizaciones
sociales de la comunidad (UBCh, Consejo comunal) y el Movimiento de Inquilinos,
organizaciones sociales de las son voceros Oscar J. Camero y Yelisse Parada,
organizadores del evento.
Un día antesse convocó mediante mensajes de textos a quienes
ya desde la primera reunión han quedado registrado como asistentes, teniendo en
cuenta que aún no se ha extendido la convocatoria a sectores de San Juanmás allá del plano central entre la Av.
Baralt y San Martín, quedando pendiente extender la convocatoria para Artigas,
San Martin, Guarataro, etc.A la reunión
acudieron unas 45 personas, aproximadamente.
Mediante mensaje de texto, se
invitó a la Policía Nacional Bolivariana que asistió representada por el
oficial jefe Manuel Pratto Ramírez, quien se retiró a las 6:10 PM y a la
Superintendencia Nacional de Vivienda (SUNAVI), que no asistió.
La reunión estuvo a cargo de los Sres.
Oscar J. Camero y Yelisse Parada.Tuvo
una duración de hora y media, incluido el tiempo dedicado al derecho de
palabra.
1Agenda
1.1Lectura de acta de asamblea
anterior.
1.2Propuesta:derechos de palabra a 3 minutos y de 2
minutos para los análisis de coyuntura.
1.3Análisis coyuntural:“Operación Liberación y Protección del Pueblo
(OLP) en grande y en micro para Venezuela”.
1.4Explicación de caso:Edificio Plaza, por Yelisse Parada.
1.5Sentencia 1.171, Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ), de 17 agosto de 2015
1.6Propuesta:proponer a SUNAVI atención de casos
sectorizado por parroquia.
1.7Logística.
1.8Derechos de palabra.
1.9Atención de casos
(2) Relato:
·Se lee acta anterior.
·Se aprueban derechos de palabra a 3 minutos y quedan
2 minutos sugeridos para las intervenciones en los análisis de coyuntura.
·El Sr. Oscar Camero realiza el punto “Análisis
coyuntural”, tema sobre la OLP, durante 5 minutos, resaltando el éxito de tal
dispositivo gubernamentalen el país,
extensible a todos los sectores de la vida nacional donde sea necesario que el
Estado ejerza su papel rector, regulador y coordinador.Se habla del mal aprovechamiento popular de
las acciones de beneficio del Estado en materia de alimentación, vivienda,
seguridad, surgiendo anomalías respectivas como “bachaqueo”, mafias de la
vivienda y paramilitarismo.Se registra
un (1) derecho de palabra, Sr. Gerardo Falcón, quien habla de mayor control y
eficiencia, y alude a la institución rectora en materia de vivienda, Sunavi.
·La ciudadana Yelisse Parada desarrolla el caso
“Edificio Plaza”, ubicado en la Av. San Martín.Expone una experiencia de impedimento popular ante un desalojo con
sentencia firme, el cual no se realizó finalmente.
·Se explica la decisión del TSJ 1.171, del 17 de
agosto de 2015, en dos tiempos:(1)
leyendo un texto resumen de la sentencia y (2) leyendo las “Decisiones” de
dicha sentencia, mismos que se presentan a continuación:
Texto
resumen:
“SENTENCIA 1171 (17-08-2015), MAGISTRADA GLADYS
GUTIÉRREZ, PDTA. DEL TSJ.
-El 29 de abril de 2015 el Movimiento de Inquilinos
introdujo un ampara constitucional en contra de LA CAMARA INMOBILIARIA DE
VENEZUELA, por su omisión, correspondiente a ofertar viviendas en alquiler en
todo el territorio nacional; LA ASOCIACION (sic) DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES
URBANOS (APIUR) por su acción de intimidación a diversos inquilinos e
inquilinas para que estos abandonen los inmuebles que habitan bajo la figura de
arrendamiento, todo lo cual dificulta que los inquilinos obtengan una solución habitacional
definitiva; la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA (SUNAVI),
órgano adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat,
por la amenaza de vulneración del derecho a la vivienda de todas y todos los
arrendatarios de vivienda principal, cuyos juicios de desalojo se encuentran
decididos con sentencia definitivamente firme y que a la presente fecha están
en fase de ejecución por parte de los tribunales ejecutores de medidas en todos
los Estados del país, ello motivado a la omisión por falta de ejecución por
parte de la referida Superintendencia de asignar una solución habitacional
(Refugio, o vivienda temporal o definitiva) a los arrendatarios y arrendatarias
cuyas causas se encuentren en estado de ejecución para el desalojo de las
viviendas por nosotros arrendadas;
-El Movimiento de Inquilinos solicitó al TSJ que la
SUNAVI revise las causas que se encuentran en estado de ejecución para
desalojo.
-Denunció que se estaba violando el art. 82 de la
Carta Magna debido a la inacción de la SUNAVI, de la Cámara Venezolana de la
Construcción, de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, en asignar, garantizar y
proveer soluciones habitacionales; que la SUNAVI; los propietarios de edificios
o multiarrendadores no han cumplido con la ley y obligación de ofrecer en venta
los inmuebles con más de 20 años en arriendo.
-Se pidió que se suspenda la decisión 1213 del 3 de
octubre de 2014 y se paralicen los desalojos.
-Que se ordene a la Sunavi revisión de los desalojos
en ejecución y se agilice el otorgamiento de refugios o soluciones
habitacionales definitivas.
-Que se prohíban los desalojos forzosos
-Que ordene la paralización de todos los procesos de
ejecución de desalojos a inquilinos e inquilinas que se encuentran en todos los
Tribunales del país, mientras la SUNAVI agiliza el proceso necesario para
revisar todas
-Se admite demanda de amparo para proteger derechos
e intereses colectivos de todos los arrendatarios cuyas causas están en
ejecución
-TSJ ordena mesas de trabajo entre arrendatario y
arrendadores sobre el contexto de la finalización de contratos de
arrendamientos pendientes en los tribunales.Las mesas deben conformarse en un plazo no mayor a los 30 días y debe
presentar un informe a la Sala Constitucional en menos de 90 días.
-Las mesas deben elaborar un protocolo para
determinar el procedimiento a seguir para agilizar la devolución de la vivienda
a los arrendadores, previo vencimiento de contrato y reubicación del
arrendatario.
-Se pidió a los arrendadores que superen los 20 años
arrendando que oferten sus inmuebles a un precio justo, según ley.”
Lectura textual del capítulo “Decisiones” de la
sentencia 1.171 del TSJ.
“V
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas,
esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando
justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, se declara: 1.-COMPETENTE y ADMITE la
presente acción de protección de derechos e intereses colectivos y difusos. 2.-ACUERDA las
siguientes medidas cautelares: 2.1 Se ORDENA al
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Vivienda, que en un
lapso no mayor de treinta (30) días continuos contados a partir de la
publicación del presente fallo, constituya una mesa de trabajo entre la SUNAVI,
los movimientos sociales en defensa de los inquilinos y de los propietarios, el
Ejecutivo Nacional, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Poder
Judicial a través del representante que designe la Junta Directiva de esta
Máximo Tribunal y cualquier otra entidad vinculada con ese asunto a conformar
la mesa nacional, en cuyo seno los participantes podrán designar representantes
en el ámbito estadal, a objeto de elaborar y aplicar un
protocolo de actuación conjunta y corresponsable que permita revisar y
brindar solución integral en todas las causas que se encuentren en
estado de ejecución, en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, para
efectuar las reubicaciones de los inquilinos afectados por medidas de desalojo,
y, por ende, produzca un informe preliminar sobre tales aspectos, que deberá
ser consignado ante esta Sala, en plazo de tres (3) meses contados a partir del
vencimiento del lapso de treinta (30) días antes establecido, luego de lo cual
iniciará el lapso de tres (3) meses adicionales para la presentación del
informe definitivo en el que consten las resultas de esa mesa de trabajo
nacional (y de las regionales si se constituyeren como órganos de apoyo de la
mesa principal), a objeto de un pronunciamiento definitorio de este Máximo
Tribunal y, por ende, todos los casos que a esa fecha ya estén resueltos con
las reubicaciones efectivas, en trabajo jurídicamente compartido y
corresponsable, cómo única forma temporal, para la solución de los conflictos
interpersonales que determinaron, en cumplimiento de la ley, las ordenes de
devolución de los inmuebles destinados a vivienda y la consiguiente reubicación
de los arrendatarios que la requieran. 2.2.SUSPENDE hasta tanto se resuelva esta acción en la
definitiva, los desalojos forzosos, mientras la SUNAVI provea refugio o
solución habitacional o se determine que el arrendatario tiene un lugar donde
habitar. No podrá procederse al desalojo en aquellos casos en que el inmueble
sea propiedad de multiarrendadores, sin que el propietario hubiese cumplido con
la obligación a la que se refiere la Disposición Transitoria Quinta de la Ley
para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda. 2.3SUSPENDE las
ejecuciones de desalojos derivadas de procesos administrativos realizados por
la SUNAVI, tanto en aquellas causas actualmente en trámite, como en
aquellas que se propongan durante el curso de este juicio y hasta que se dicte
el fallo definitivo. 2.4 ORDENA a la Mesa Nacional y a las regionales, cuya
constitución se implementó en este fallo, el levantamiento de una base de
datos sobre todos los inmuebles constituidos en propiedad horizontal, que
tienen más de veinte años dedicados al arrendamiento; y de aquellos inmuebles
que sin estar destinados a propiedad horizontal están compuestos por “diversas
unidades o locales susceptible aprovechamiento independiente que tengan salida
a la vía pública directamente o a través de un determinado espacio común” que
tengan más de veinte años dedicados al arrendamiento y determinar respecto de
éstos las dificultades en torno a la constitución del condominio que permita la
venta de las unidades en caso de ser requerido. En ambos casos se establecerá
la identidad tanto del propietario y/o del arrendador y los inquilinos, así
como la circunstancia de estar pendiente la ejecución de un desalojo en alguna
de las unidades de vivienda. 2.5 ORDENA a la Mesa Nacional la convocatoria a dicha
instancia al Servicio Autónomo de Registros y Notarías, a la Asociación
Bancaria Nacional, a la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario,
a las Alcaldías que componen el Área Metropolitana de Caracas, a la
Coordinación Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de
carácter civil y al Instituto Nacional para la Gestión Eficiente de
Trámites y Permisos para que en su seno establezca una metodología que
permita i) la venta en el término más breve posible de los inmuebles a los que
se refiere la mencionada disposición transitoria con las facilidades de
financiamiento y precio que establecen la normas especiales en materia de vivienda;
ii) el registro de documentos de condominio que permita la venta de los
inmuebles a los que se refiere la Disposición Transitoria Quinta con las
facilidades de financiamiento y precio que establecen la normas especiales en
materia de vivienda; iii) en aquellos casos que la circunstancias determinen la
imposibilidad de la venta en propiedad horizontal, el establecimiento de otras
formas de adquisición de la propiedad que permita a los inquilinos el acceso a
una solución habitacional definitiva con las facilidades de precio y
financiamiento que establece la ley inquilinaria de viviendas. Se ORDENA además
la incorporación a las mesas regionales, si se constituyeren, de las Alcaldías
de cada estado, el Cuerpo de Bomberos de la entidad y el representante que en
cada región designen el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, a la
Asociación Bancaria Nacional y a la Superintendencia de Instituciones del
Sector Bancario. 3.-ORDENA se
notifique mediante copia certificada de la demanda, la cual contendrá la orden
de comparecencia al pié de página, a los presidentes de la CAMARA VENEZOLANA DE
LA CONSTRUCCIÓN; LA CAMARA INMOBILIARIA DE VENEZUELA; y LA ASOCIACIÓN DE
PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANOS (APIUR); así como al SUPERINTENDENTE NACIONAL
DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA (SUNAVI). 4.-ORDENA notificar al Ministerio del Poder Popular con
competencia de materia de Vivienda, de las medidas aquí dictadas, y que una vez
que conste en autos la correspondiente notificación, comenzara a transcurrir el
lapso de treinta (30) días continuos para la constitución de la mesa de
trabajo. 5.- ORDENAnotificar,
con copia certificada de este fallo, a las Rectorías de las Circunscripciones
Judiciales en al ámbito nacional para que hagan del conocimiento de todos los
Juzgados con competencia civil de su Circunscripción de la emisión de este
fallo. 6.-ORDENA Notificar
a la Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo de la existencia
de este proceso, a los fines de que participen o no como terceros coadyuvantes,
si lo estimaren conveniente. 7.-ORDENA notificar
de esta demanda a la Procuraduría General de la República 8.- ORDENA a los Cuerpos de policiales, nacionales,
estadales y municipales competentes, atender cualquier denuncia de
hostigamiento contra los inquilinos, en especial aquellos casos en que se
pretenda el desalojo por vías de hecho o estén en desarrollo circunstancias
propicias para dar lugar a hechos de violencia 9.- ORDENA la publicación del texto íntegro del presente
fallo en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la
Gaceta Judicial en, cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: “Sentencia de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia que suspende las ejecuciones de desalojos forzosos
en causas inquilinarias hasta que proceda a la reubicación del inquilino, y en
el caso de viviendas propiedad de multiarrendadores que tengan más de veinte
años dedicadas al arrendamiento, hasta tanto se cumpla lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Quinta. Se suspende también las ejecuciones de
desalojos en todos aquellos procesos iniciados a solicitud del SUNAVI. Se
constituyen una mesa regionales que rindan informe a la Sala de los aspectos
señalados en la decisión.”
·Dado
que como capítulo de vivienda en la parroquia San Juan, Caracas, la asamblea
entrará en conocimiento de problemas concretos del sector, se propone presentar
los mismos de modo sectorizado a la Sunavi para su resolución.Se hace deja la propuesta abierta, en
desarrollo para afinarla.
·Se
recaba una colaboración voluntaria de los presentes, BsF. 1250 en total, para
gastos de papelería, para archivo, papel bond, mensajería, impresiones,
etc.
·Se
abre el derecho de palabras, registrando 7 intervenciones.Se expusieron puntos como intervención de la
SUNAVI, venta de apartamento con ocupante adentro (A.P.), el caso de
hostigamiento de la Sra. L.M., el caso
de restitución en su apartamento del Sr. A.P., idea para movilizarse a la
SUNAVI (L.S), M.I. amplía la propuesta de llevar casos por parroquia a la
SUNAVI, El Sr. Gerardo Falcón hace la
propuesta de traer por escrito su propuesta sobre las edificaciones de vieja
data clasificadas, es decir, aquellos edificios cuyos dueños están obligados a
vender.
·En
atención de casos, se suma el caso Edificio Plaza a la bitácora de casos que
asume la asamblea para su conocimiento y apoyo, además de la ya mencionada
pensión “Raga” y otros casos particulares.
Merece destacar que en pliegos de
papel bond, en grande, se van escribiendo los casos asumidos por la asamblea,
así la indicación en papel bond también de la dirección electrónica, web, redes
sociales propias de la asamblea.
Se cierra la asamblea con la colecta
de firmas de los presentes, la consta en la documentación original.
