La asamblea de inquilinos de San Juan, Caracas, cumplió un año en medio de una movilización a la Vicepresidencia de la Republica (4 de agosto de 2016) y una jornada de apoyo y revisión a los pensionista y ocupantes de edificaciones de vieja data en la parroquia.
La parroquia San Juan presenta la caracterización neta de pensiones y edificaciones dedicadas al arriendo por décadas, alcanzando la población inquilinaria cifras importantes. La asamblea de inquilinos, que se reúne semanalmente en el teatro Cantaclaro, todos los jueves a las 5:00 PM, presenta el reto de cuantificar la situación, organizando a este sector de destechados a los efectos del contaje y su orientación hacia el logro de un nivel de vida mejor y en concordancia con los beneficios que confiere la ley.
Aproximadamente unas 500 pensiones hay en la parroquia, la mayoría de ellas en una situación en verdad lamentable, de infraconvivencia, donde la figura de transitoriedad de las mismas desde hace tiempo se ha perdido en virtud de que las familias que las ocupan no pagan un canon diario de arrendamiento en bastantes casos y viven en sus instalaciones con antigüedades que oscilan entre los 25 y 35 años, siendo sus ocupantes familias completas. Hubo un primer esfuerzo de organización en el pasado, con otras organizaciones locales, que arrojó que las familias tomasen sus instalaciones y pagasen los servicios y no los arriendos, dado que un gran número de esos inmuebles presentaban lagunas en cuanto a sus dueños, así como situaciones precarias de construcción, resolviéndose finalmente el vacío con la aceptación de personas administradoras que respondían a intereses de presuntos propietarios. La mayoría de estos dueños han fallecido, son sucesores, están en el extranjero, quedando la propiedad en un limbo de indefiniciones.
En otro gran número donde la figura de propietarios es más definida, las familias pagan canon mensuales, fungiendo en tales casos como auténticos inquilinos que debieran estar sujetos a ley y bajo la cobertura de la Superintendencia Nacional de Vivienda (Sunavi). Lamentablemente en la institucionalidad rectora se ha delineado una óptica de obvío de estas familias por la misma razón de ambigüedad de criterios en cuanto al canon de arrendamiento y la transitoriedad, lo cual no se pelea en ningún momento con el precepto de que dichas familias no tienen casa propia y son merecedoras de un hogar digno, en consonancia con lo ordena el Art. 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la parroquia San Juan la mayoría de las pensiones no son propiamente pensiones en virtud de su presunto perfil transitorio, sino auténticas cajas contenedoras de familias inquilinas que habitan inmuebles de vieja data con antigüedades verificadas de 40 años.
Otro aspecto capital en el enfoque de la Asamblea de Inquilinos San Juan es el tema de las edificaciones de vieja data, el cuadro que completa la familia inquilinaria en la parroquia. Edificaciones completas hay dedicadas al lucro del arriendo, como por ejemplo el edificio Plaza, frente a la plaza Capuchinos, Av. San Martín, donde más de cien familias son inquilinas y el propietario de la edificación es un conocido terrateniente urbano, destacad en el negocio de poseer cientos de edificaciones en Caracas para el arriendo. La definición de vieja es el criterio de que el edificio posea más de 20 años dedicados al arriendo, caso en el cual, según ley, disposición V de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, y la Providencia Administrativa 00042, de la Sunavi, el propietario tiene la obligación de ofertar en venta el inmueble.
La ley para el caso no se ha cumplido y la Sunavi se ha quedado corta operativamente para afrontar la atención tanta gente. Los propietarios, ante el vacío de autoridad, hacen lo que quieren en la materia, subiendo el canon de arrendamiento de modo arbitrario, no registrándose en la Sunavi, desalojando en muchísimas situaciones. Como el edificio Plaza hay montones en la parroquia San Juan, esto es, de vieja data, pequeños de 5 pisos y grandes de 15. En todos los casos comportan familias arrendatarias que también merecen la dignidad de una casa propia.
El reto de la asamblea de inquilinos de San Juan es cuantificar estas familias y mantenerlas bajo una situación de pulso con el propósito de encaminarlas hacia el logro de su propiedad, canalizándolas hacia el ente rector. Para ello hay planificado en el presente la implementación de un censo.
Para ambas vertientes, pensiones y vieja data, familias inquilinas todas, se le propuso al vicepresidente de la república, Aristóbulo Istúriz, durante la marcha enunciada arriba, la concesión de su apoyo en que la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) empiece a dar soluciones al tema inquilinario, a absorber la cifra de sin-techos de este sector social del país. Se calculan unas 700 mil familias inquilinas en el país, es decir, a razón de promedio urbano de 4 miembros por familia, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), unos 2 millones 100 mil venezolanos sin casa propia.
La asamblea en San Juan ha tenido que afrontar situaciones en su comunidad que retratan el desconocimiento de la ley por parte de los cuerpos de seguridad y policiales, quienes han sido descubierto apoyando situaciones de fuerza a favor de los arrendadores y en perjurio de los arrendatarios; ha tenido que afrontar intervenciones de colectivos dedicados a la tarea de expulsar inquilinos de sus casas para cobrar una suma pagada por el arrendador; y ha tenido, finalmente, que reconocer que los desalojos en el país siguen su curso en contra de familias venezolanas a pesar de que los mismos están en una situación de suspensión debido al mandato expreso del Tribunal Suprema de Justicia (TSJ) con el ordenamiento de la Mesa Nacional de Arrendamiento, según sentencia N° 1171 publicada el 17 de agosto de 2015. La asamblea ha intervenido en situaciones de involucramiento de funcionarios del CICPC y de la Policía Nacional Bolivariana no obstante en el sector contar con el apoyo excelente de este último cuerpo policial, lo cual habla del comportamiento aislado de algunos funcionarios que se presentan a sitios para desalojar inquilinos, en inadmisible violación legal.
35 reuniones realizó la asamblea de ciudadanos y a sus citan acuden en promedio entre 25 y 35 personas, con pico bajos de 20 y altos de 60.
La asamblea de inquilinos San Juan se propone en breve asistir ante el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat para proponerle en concreto la práctica de que la GMVV empiece a adjudicar soluciones habitacionales a los inquilinos, entre otros planes, que se ejerza una mayor presión al arrendador en cuanto a que ofrezca en venta su inmueble viejo a los ocupantes, según ley, y que apoye la toma de los espacios de pensiones en la parroquia par ser demolidos y en su lugar construir edificaciones.
Finalmente, la asamblea agradece enormemente el apoyo del ciudadano Paul Seijas, encargado del Teatro Cantaclaro, por prestar su espacio, el lobby del teatro, su auditorio, para la escenificación de las asambleas.
-- Oscar J. Camero, @animalpolis
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