Caracas, 4 de agosto de 2016.
Aristóbulo Istúriz
Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela
Su despacho.
Es un honor para nosotros dirigirnos a su instancia, camarada revolucionario, en ocasión de solicitarle apoyo respecto de un sector social que juzgamos está en el olvido institucional, como es el inquilinario, no obstante haber recibido un impulso fundamental en su humanización con la gestión del presidente Hugo Chávez y haberse construido un marco jurídico con la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (LRCAV), entre otras.
El notorio y verificable que el inquilino hoy no es el mismo de hace 20 años, y ello como se vea es un logro en materia de calidad y derechos humanos, si antes recordamos que eran tirados a la calle sin más. Pero el hecho es que tal dinámica de mejora en la calidad de vida de nuestros ciudadanos, en sus reivindicaciones, desmejoró sensiblemente al punto de estancamiento. Sobre una masa de 600 mil familias, esto es, 2.4 millones de personas en todo el país, hay desalojos solapados en el presente, y hay una institución rectora en la materia que no ha podido ensamblar el reto de cubrir su necesidad de atención. En otras palabras, ahora que tenemos ley, sumamos al hecho fáctico del desalojo, por mencionar un agravio, el incumplimiento de la misma.
Somos militantes, somos revolucionarios, y por ello mismo debemos hacer la autocrítica para ayudar mejor a nuestra dirigencia con la narrativa de la verdad para la visualización de los hechos. No se está cumpliendo la ley cabalmente, y cabos de realidad quedan sueltos de manera ostensible. No se está cumpliendo el contrato legal, por decirlo así, los acuerdos. Veamos, por mencionar un tema de honor. Hugo Chávez dejó dispuesto en un punto de cuenta, nº 091-2011 05-05-2011, la adquisición de 100 edificios para familias arrendatarias como incentivo para la organización y la lucha inquilinarias desde su inicio; al día de hoy, algunos años después, es poco lo que al respecto se ha logrado y el asunto parece cosa olvidada.
Ofrecemos nuestros apoyo, no estamos aquí para criticar por criticar, traemos propuestas, ofrecemos nuestras manos para colaborar donde sea requerido, y prueba de ello es que nos mantenemos organizados socialmente para estar vigilantes y operativos en la materia arrendataria, sin nada contrario al florecimiento de esta patria amada, pendientes de ayudar a un sector de pueblo afectado. Vinimos a su instancia para reflexionar fundamentalmente que, si se diera cumplimiento nada más a la ley, con ello mucho arreglaríamos y arrimaríamos un montón de felicidad a nuestro pueblo.
Le proponemos las siguientes ideas, para cuya implementación le solicitamos su apoyo valioso:
(1) Un inquilino en situación de desalojo es un venezolano en incertidumbre. Debe ir a un refugio y, mientras espera, posiblemente bajo hostigamiento por parte del arrendador, se violenta la certeza de su derecho a la vivienda (Art. 82, CRBV). Proponemos incluir al sector inquilinario en un dispositivo de adjudicación directa a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
(2) La capacidad de la institución rectora, Sunavi, está francamente rebasada por la ingente carga de trabajo. Los expedientes envejecen engavetados, no hay personal suficiente para cubrir las inspecciones de campo, no hay respuesta a las peticiones en los plazos legales, lo cual genera una percepción de vacío de autoridad y da pie a los desmanes y violencias de los propietarios hacia los inquilinos. Proponemos una reestructuración y ampliación de la capacidad operativa de la Sunavi y el despliegue de un trabajo de la mano con las comunidades organizadas, como manda la LRCAV en su espíritu comunitario y en el Art. 148.
(3) Los edificios de vieja data, aquellos con montones de años dedicados al alquiler, han sido pagados varias veces en su precio a su dueño. Nuestro marco legal propone su compra a favor de los ocupantes, pero ha costado un mundo llevar a cabo tal cometido. Proponemos una decidida acción de compra de tales inmuebles, sin miedo o concesiones a esos propietarios que viven de su mercantilismo y de la necesidad humana, como debe mandar una acción revolucionaria contraria al lucro y a favor de los más necesitados.
(4) La generalidad de pensiones son mundos familiares de habitación permanente disfrazados de transitoriedad, figura fugaz que es utilizada para: (a) no atender al pensionista en su necesidad de vivienda y (b) cometer abusos en contra de las familias que las ocupan. Tenemos registros de presuntas "pensiones" con familias completas viviendo entre sus aposentos por tiempos que oscilan entre 20 a 30 años. Proponemos tomar estos irregulares espacios y construir en su lugar edificaciones que favorezcan a sus ocupantes, sea por la vía de la GMVV o por la autogestión.
(5) En la medida en que el infractor le ha tomado el pulso a la ley, en la medida en que la falta de institucionalidad campea, se cometen atropellos contra los inquilinos, figuras a la merced del abuso. Proponemos una medida de protección de Estado a favor de estas familias venezolanas mientras la situación de recargamiento institucional se alivia y toma curso un cauce de protección legal.
(6) Un inquilino abusado, hostigado, violentado, desalojado, naturalmente acude a las instituciones del Estado, como la Fiscalía (Ministerio Público), para ampararse. Sucede que parece política de tales entes no atender inquilinos porque existe un ente como la Sunavi que debe atender toda la materia, como si el quiebre del derecho a la vivienda y la convivencia en paz no constituyese la violación de un derecho humano. Proponemos que tales entes asuman su rol de atención a la víctima y dejen el "peloteo" de estar enviando inquilinos averiados de un sitio a otro, como si fuesen trapos.
En la esperanza de habernos sabido explicar y haber movido su sensibilidad para prestarnos apoyo, le saludamos con aprecio
atentamente
Red de Inquilinos San Juan-Caracas
-- Oscar J. Camero, @animalpolis
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